La llegada de Arturo Alessandri Palma a la presidencia hacía prever un gobierno de grandes logros, debido a la inmensa popularidad que tenía y a su gran oratoria, pero no fue así. Las modalidades parlamentarias, la incapacidad para poner fin a la anarquía de salón en que había vivido el país desde 1891 y las crisis económicas, consecuencia de la decadencia de la industria salitrera después de la Primera Guerra Mundial, limitaron sus proyectos.
Otros problemas que contribuyeron al desprestigio y a la caída del régimen parlamentario y del Parlamento mismo, fueron la oposición del Congreso, que impedía la realización de varias de las reformas propuestas por el mandatario para enfrentar la crisis social que afectaba al país, y la indisciplina de los partidos de gobierno, que cayeron en la incapacidad de tomar nuevos rumbos y realizar las obras sociales, políticas y económicas contempladas en el programa que había diseñado el presidente Alessandri durante su campaña. Estos problemas siguieron por tres años, en que los trastornos políticos continuaron: los ministerios se sucedían, aumentaba la cesantía, la crisis y los gastos fiscales; recrudecían los ataques de la oposición, que acusaba al mandatario de tener intenciones dictatoriales. La crisis política se aproximaba y todos miraban hacia los militares.
En 1924, no se había logrado aprobar ninguna de las leyes sociales que el presidente había mandado al Congreso, pues los parlamentarios consideraron más urgente discutir la dieta parlamentaria, es decir, el sueldo que gozarían senadores y diputados. Hasta ese momento, estos cargos se ejercían en forma gratuita. El 3 de septiembre, cuando el proyecto empezaba a ser considerado en el Senado, un grupo de oficiales militares de baja graduación que se encontraba en las graderías del recinto, expresó su molestia haciendo golpear sus sables en el suelo, hecho conocido como ruido de sables. Tras este acto de rebeldía de los militares, se constituyó un Comité Militar que exigió al presidente el pronto despacho de leyes de gran interés social. Entre ellas, la que fijaba en ocho horas la jornada laboral, la que limitaba el trabajo femenino e infantil, la que creaba la Inspección del Trabajo, la que establecía el seguro obligatorio contra accidentes y la indemnización por estos mismos, la que creaba los tribunales de conciliación y arbitraje, además de otras sobre cooperativas y materias previsionales. El Congreso –ante el temor de un pronunciamiento militar– las aprobó en pocos días.
Como el comité continuó funcionando, Alessandri presentó su renuncia al Congreso. Este la rechazó y lo autorizó para salir del país con un permiso de seis meses. Los militares conformaron una junta de gobierno integrada por los generales de Ejército Luis Altamirano y Juan Pablo Bennett, y por el almirante Francisco Neff (11 de septiembre de 1924) y disolvieron el Congreso.
Como las reformas anheladas no se hicieron realidad, a principios de enero de 1925 otro comité de oficiales, apoyado por importantes políticos, tomó el poder y convocó al presidente para que volviese al país. Volvió el 20 de marzo de 1925 y reasumió la presidencia. Durante los siguientes meses obtuvo la aprobación de tres importantes cuerpos jurídicos: la Constitución Política de 1925; la ley que creaba el Banco Central y la ley de patrimonio exclusivo de la mujer casada.
La Constitución Política de 1925
A los pocos días de su regreso, Alessandri reunió a una asamblea de representantes de las diversas corrientes de opinión, que aprobó la idea de convocar a una Comisión Consultiva con el objetivo de estudiar las reformas necesarias.
Entre sus integrantes cabe destacar a Domingo Amunátegui Solar, Luis Barros Borgoño, Eliodoro Yáñez, Agustín Edwards, Emiliano Figueroa, entre otros personajes de vasta y reconocida trayectoria en los campos intelectuales y políticos.
En total, la comisión contó con 120 integrantes que se dividieron en dos subcomisiones. Una se denominaba “de forma”, y otra, “de reforma”. Una vez que los trabajos estuvieron terminados, Alessandri convocó a la ciudadanía a un plebiscito para aprobar la nueva Constitución. Aprobado el nuevo texto, se promulgó el 18 de septiembre de 1925.
Las más importantes normas que establecía este texto constitucional son:
1. Un Poder Ejecutivo fuerte, es decir, un régimen de gobierno presidencialista elegido por votación directa por los ciudadanos.
2. Separación de la Iglesia y del Estado. Desde ese momento se aseguró a los habitantes de la república la libre manifestación de todas las creencias.
3. Establecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones, al cual se le confió la calificación de las elecciones de los miembros del Congreso y del Presidente de la República. Este tribunal calificador estaba compuesto de ministros de las cortes de justicia y de ex presidentes o vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
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