conclución

GRACIAS A ESTA INVESTIGACION APRENDIMOS MUCHO MAS SOBRE NUESTRO PAÍS, SUS CRISIS Y LOGROS.

Leyes Actuales y Laborales.

Ley De Bustos, ley nº 19.631

 La Ley Nº 19.631, publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1999, conocida como “Ley Bustos”, obliga a los empleadores(as) a pagar las cotizaciones previsionales adeudadas al trabajador(a) como requisito para despedirlo.

La Ley Bustos se aplica a todos los trabajadores(as) sin excepción, incluidos los temporeros(as) y trabajadores(as) de casa particular.

Para que sea válido el despido, el  empleador(a) debe acompañar al aviso de término de contrato, los certificados que acrediten que tiene pagadas las siguientes cotizaciones previsionales: 

Cotizaciones de pensiones, AFP o INP. 

Cotizaciones de salud, Fonasa o Isapre.
Cotizaciones del seguro de cesantía (Ley Nº19.728), si correspondiere.
El empleador tendrá que presentar las respectivas planillas de pago y  debe comprobar que todas estas cotizaciones están  pagadas para proceder al despido, de lo contrario éste no pondrá término al contrato de trabajo. 

Ello significa que el empleador(a) tendrá que continuar pagando al trabajador(a) afectado , las remuneraciones y demás prestaciones contempladas en el contrato de  trabajo, hasta que haya convalidado debidamente el despido.

¿CUANDO SE APLICA LA LEY BUSTOS? CAUSALES DE DESPIDO?

La obligación de pagar las cotizaciones previsionales del trabajador(a) antes de despedirlo ,se aplica  cuando el contrato de trabajo termina por las siguientes causales:

• Las del artículo 159, Nºs 4, 5 y 6 del Código del Trabajo, que corresponden a:

Vencimiento del plazo del contrato de trabajo.

Conclusión o término del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

Caso fortuito o fuerza mayor.

• Las del artículo 160, que corresponden a: 

Las causales imputables al trabajador(a), es decir, aquellas en las que se establece negligencia, falta de probidad, abandono del trabajo, etc.

• Las del artículo 161,que corresponden a: Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o desahucio.

• Esta ley no se aplicará cuando la causa de término de contrato sea la renuncia voluntaria o el mutuo acuerdo entre el empleador(a) y el trabajador(a).

¿QUÉ HACER SI EL TRABAJADOR ES DESPEDIDO CON SUS COTIZACIONES PREVISIONALES IMPAGAS?

Si el empleador(a) despide al trabajador(a) sin haber pagado las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, éste debe hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo que corresponda al domicilio de la empresa y optar por demandar la nulidad de sus despido ante los Tribunales del Trabajo.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

El empleador(a) que ha puesto término a la relación laboral sin haber pagado las respectivas cotizaciones previsionales, tendrá la obligación de:

Pagar al trabajador(a) la totalidad de las remuneraciones e imposiciones del período comprendido entre la fecha del despido y aquella en que efectivamente pagó las cotizaciones adeudadas y así lo acreditó.

El trabajador(a) no estará obligado a trabajar durante tal período.

El empleador(a) no puede dejar sin efecto el despido en forma unilateral, sólo podrán   hacerlo ambas partes de común acuerdo. En tal caso, la relación laboral continuará vigente, en los mismos términos de antes, pero el empleador(a) deberá ponerse al día en el pago de lasa cotizaciones previsionales y de salud.

Si después de firmado el finiquito el trabajador(a) se percata de que el empleador(a)  le  adeudaba cotizaciones previsionales, deberá solicitar la nulidad del despido directamente  ante los Tribunales del Trabajo.

La Ley Bustos otorga al trabajador(a) un plazo de seis meses para reclamar la nulidad del despido ante los Tribunales del Trabajo.

Reforma Previcional Bachelet.

Tras firmar el decreto que promulga la Reforma Previsional, el cambio más importante a ese sistema desde la creación de las AFP en 1980, la Presidenta Bachelet afirmó que su tramitación demuestran la forma  en que “nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente”.

·    En la ocasión, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.

La Presidenta de la  República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana en La Moneda el decreto que promulga la Ley Nº 20.255 que reforma el sistema previsional chileno y que constituye el cambio más importante al sistema desde la creación de las AFP en 1980.La Mandataria firmó el decreto en conjunto con los ministros del Trabajo, Osvaldo Andrade; de Hacienda, Andrés Velasco; de Interior, Edmundo Pérez Yoma, y por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz. El resto del gabinete de la Presidenta, ministros y subsecretarios, incluida la subdirectora del Sernam Carmen Andrade, acompañó a la Jefa de Estado como invitados al acto formal realizado en el Patio de las Camelias.
En la ocasión, la Jefa de Estado señaló que “con la reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto.  Ganan, desde luego, los cientos de miles de pensionados que ahora recibirán una pensión más digna, o que ahora recibirán una pensión que antes no recibían, a los cuales les decimos que Chile valora el esfuerzo de sus vidas”.
Del mismo modo, afirmó que el mensaje principal de esta iniciativa es que “Chile valora su vida dedicada al trabajo. De hombres y mujeres. De ricos y pobres. De quienes tuvieron la fortuna de contar con un trabajo estable, como de quienes no tuvieron esa fortuna. De las familias y de los abuelos. De la madre que tuvo que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. De los jóvenes que quieren más oportunidades. De todos los chilenos y chilenas”.
En ese contexto, la Mandataria  relevó que la confección y tramitación de este reforma deja un conjunto de enseñanzas políticas, “y yo lo resumiría de este modo: así nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente. La ciudadanía quiere diálogo, y no trincheras y confrontación. Quiere propuestas, y no descalificaciones. Quiere soluciones”, precisó.
Asimismo, señaló que “la ciudadanía quiere que prime el espíritu que permitió aprobar una reforma tan compleja como ésta, que hizo posible los acuerdos en educación y seguridad ciudadana; que está sacando adelante la agenda de probidad y transparencia. Es  decir, que prevalezca el consenso y el diálogo, más que la confrontación sin sentido”.
En ese sentido, la Jefa de Estado subrayó que “la aprobación de una ley como ésta permite que el país vea el triunfo de la inteligencia, la creatividad, la reflexión madura y profesional, la capacidad técnica y la laboriosidad del gobierno y de sus parlamentarios, del conjunto de sus parlamentarios. Así también nos quiere ver la gente: imponiendo la inteligencia y la razón en la gestión política”.
Acompañada por prácticamente la totalidad de su gabinete de ministros, además de subsecretarios, jefes  de servicios, parlamentarios y representantes de todos los partidos políticos, la Presidenta Bachelet celebró el inicio de una nueva etapa  en el ámbito previsional y precisó que “para que la democracia sea cada día más sólida, es indispensable que exista un conjunto de derechos sociales garantizados”.
El nuevo marco legal crea, entre otras cosas, un Sistema de Pensiones Solidarias que beneficiará a hombres y mujeres que, por diversas razones, no lograron ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.
Además, quienes no tienen ahorros previsionales e integran el grupo más vulnerable de la población, accederán gradualmente a una Pensión Básica Solidaria (PBS) a partir del 1 de julio de 2008, con un valor inicial de $ 60.000. A partir de julio de 2009, accederán a este beneficio el 45% más pobre de la población y la pensión se incrementará a $ 75.000 el 1 de julio de 2009.
Para quienes hayan cotizado en algún sistema previsional, pero de manera insuficiente, el Estado entregará un suplemento para incrementar la pensión, denominado Aporte  Previsional Solidario (APS) y, de esa forma, asegurar un monto máximo a recibir. Este beneficio  comenzará a entregarse a partir de julio de 2008, donde se garantizará una pensión máxima de $70.000. En julio de 2009, el tope para la pensión con aporte previsional solidario aumentará a $120.000, y así gradualmente hasta llegar a $255.000 en 2012.
Al respecto, la Mandataria indicó que la idea es promover un sistema que, sobre la perspectiva de derechos sociales de las personas, entregue tranquilidad a los ciudadanos y a sus familias para desarrollar sus vidas de manera libre y plena. “Y creo que para todos es evidente que en ese tipo de concepto de sociedad en que queremos vivir, la reforma a la previsión es un eje, es una piedra angular de este sistema”, puntualizó.

Finalmente, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación.  Se cayó en la idea de garantizar derechos sociales. Eso fue una opción clara y definitiva. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.
L ey Nº 20.255 que establece la Reforma Previsional
La nueva Ley, aprobada en enero de este año,  establece que en los primeros años, las pensiones solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos, para ir gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. En 2010 se estima que existirán más de 800 mil beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, alcanzando en régimen (en 2012) en torno a 1,5 millones de personas.
Las mujeres serán las principales beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias, ya que se estima que más de un 60% de las PBS serán percibidas por ellas.
Se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo,  a todas las mujeres que perciban pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, cuando cumplan 65 años, y a todas las beneficiarias del Pilar Solidario. Este bono equivale al 10% de 18 salarios mínimos. También recibirán este bono los hijos adoptados.
Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre. También se autoriza la división del saldo acumulado en las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
En tanto para los trabajadores independientes se iguala la situación de derechos y obligaciones de cotización respecto de los trabajadores dependientes. Tendrán acceso a todos los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, a la Asignación Familiar, podrán afiliarse a las Cajas de Compensación y estarán protegidos por la ley de accidentes del trabajo. Su afiliación obligatoria se alcanzará en forma gradual, considerando un período de tres años en que continúa con la afiliación voluntaria.
Para los trabajadores jóvenes se crea un Subsidio a las primeras 24 cotizaciones de los trabajadores entre 18 y 35 años que perciban ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
Para otorgar mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP se harán Licitaciones entre las AFP de los nuevos afiliados. Esto significa que los nuevos trabajadores serán asignados, por hasta 24 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión en la licitación, lo que se estima disminuirá el valor de las comisiones cobradas por las Administradoras.
Se eliminan las comisiones fijas por cotización, retiros y por transferencia de saldo, de modo de facilitar la comparación de precios entre administradoras. Se  independiza de las AFP la administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), realizándose una licitación de este seguro para todos los afiliados, independiente de la AFP en la que se encuentren.
Para lograr una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones se amplían las alternativas de inversión en Chile y en el exterior, lo que permitirá alcanzar mejores pensiones para los afiliados a las AFP. Se estima que un 1% de rentabilidad a lo largo de la vida activa aumenta en un 20% el monto de la pensión.
En el caso del límite de inversión en el exterior, se amplía hasta un 80%. Se flexibiliza el régimen de inversiones dejando sólo 5 límites establecidos por ley. Estas medidas permitirán mejorar la combinación de rentabilidad y riesgo de los ahorros previsionales de los trabajadores.
En cuanto al Ahorro Provisional Voluntario, se creará un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, mediante el cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores, mediante acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores.
Se mantiene el actual beneficio tributario al APV, pero además se crea un nuevo incentivo al ahorro previsional voluntario dirigido a la clase media, que beneficiará a quienes perciban rentas de hasta 1, 5 millones mensuales. Esta medida, consiste en una bonificación equivalente al 15% del monto ahorrado voluntariamente por el trabajador.
Con todo lo anterior la Reforma Previsional incorpora nuevos beneficios, beneficiarios y partícipes del sistema que hacen necesario modificar la institucionalidad vigente, de modo de garantizar un otorgamiento eficientemente de los nuevos beneficios.
Para ello se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias, de los regímenes previsionales que administra el INP y de los Centros de Atención Previsional Integral. Estos Centros están destinados a prestar servicios de tramitación de beneficios del Pilar Solidario, así como garantizar la prestación de servicios esenciales de información del sistema de pensiones para todos los usuarios.
También se crea una Superintendencia de Pensiones con facultades fiscalizadoras para resguardar el correcto funcionamiento del sistema, incluida la posibilidad de designar un  “ inspector delegado” que resguarde la seguridad de los Fondos de Pensiones ante eventos que los pongan en riesgo.

Se promoverá la participación en el sistema de pensiones, para lo cual se creará una Comisión De Usuarios, que estará integrada por pensionados, trabajadores, representantes de los organismos administradores del sistema y un académico -que la presidirá-, donde se recogerán las evaluaciones que efectúen respecto del sistema de pensiones.
Santiago, 11 de marzo de 2008

 Protección a la maternidad

Los derechos a descanso prenatal y descanso postnatal son parte integrante de las normas de protección a la maternidad. Esta normativa se encuentra contenida en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, entre los artículos 194 y 208 del mencionado cuerpo legal.

Este conjunto de normas se justifica por el interés del legislador en orden a proteger la vida y la integridad del que está por nacer, del recién nacido y del niño. Para proteger al que está por nacer, la ley establece una serie de garantías a favor la mujer embarazada, una de las cuales es el derecho-obligación a tenerdescanso prenatal. Por su parte, para proteger al recién nacido, la ley, dentro de otras cosas, otorga un derecho-obligación a gozar de un descanso postnatal.

El artículo 194 del Código del Trabajo dispone que se sujetan a sus normas de protección a la maternidad, los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sea que se trate de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado.

II. Derecho a descanso prenatal

a) Duración del descanso prenatal

La extensión legal del descanso prenatal es de seis semanas antes del parto, según lo dispuesto por el artículo 195 del Código del Trabajo. La protección legal es concordante con la complejidad natural del último período de embarazo, en donde es aconsejable que la mujer deje de trabajar y realice actividades mucho más livianas que de costumbre.

Es posible que una vez tomado el descanso prenatal y cumplidas las seis semanas, el parto se produzca más allá de este tiempo. La ley, puesta en este caso, considera que el descanso prenatal se entiende prorrogado hasta la fecha efectiva del parto.

b) Descanso prenatal suplementario

En caso de producirse una enfermedad derivada del embarazo, la ley concede a la mujer un descanso prenatal suplementario, cuya duración será la determinada en el respectivo certificado médico que la trabajadora deberá presentar a su empleador. La protección de la ley en este caso se produce por la vía de asegurarse que el embarazo de la mujer se desarrolle de la mejor manera posible, incluso antes del descanso prenatal ordinario.

III. Derecho a descanso postnatal

a) Duración del descanso postnatal

La extensión legal del descanso postnatal es de doce semanas después del parto. La justificación de este descanso se encuentra desde luego en la necesidad de que la mujer se recupere del parto, pero también en orden a que pueda compartir a tiempo completo con su hijo recién nacido, durante sus tres primeros meses de vida, período de extrema importancia en la relación afectiva con el recién nacido, y también en su amamantamiento.

El legislador le concede asimismo un permiso al padre, quien goza de un período de cinco días en caso de nacimiento de un hijo. Este permiso podrá utilizarse desde el momento del parto, caso en el cual serán cinco días corridos, o distribuirse dentro del primer mes desde el parto según estime conveniente. Este derecho también se concede en caso de adopción de un niño.

b) Descanso puerperal prolongado

Si como consecuencia del alumbramiento se produjese una enfermedad comprobada con certificado médico, que impidiese a la mujer regresar a sus labores una vez cumplido el descanso puerperal o postnatal, éste se entenderá prolongado por el plazo que fije el respectivo certificado.

c) Muerte de la madre durante el parto o descanso postnatal

Si la madre falleciere durante el parto o dentro de lo que durase su descanso puerperal, el permiso postnatal o lo que reste de él destinado al cuidado del hijo, corresponde al padre, quien gozará del fuero destinado a proteger a la madre y del subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones que ella percibía.

IV. Elementos comunes al descanso prenatal y postnatal

a) Derechos mínimos e irrenunciables

La ley ha fijado estos derechos con un carácter de mínimos e irrenunciables, razón por la cual no es posible que el empleador los restrinja, ni que el trabajador disponga de ellos. Incluso más, el inciso quinto del artículo 195 del Código del Trabajo dispone que “[…] durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas”.

b) Remuneración de la mujer

Cuando abordamos el tema del feriado anual, destacamos que lo más importante de aquél es que se trata de un descanso pagado. En esta materia sucede algo similar, ya que el artículo 198 del Código del Trabajo dispone:

La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad a que se refiere el artículo 195, o de descansos suplementarios y de plazo ampliado señalados en el artículo 196, recibirá un subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones que perciba, del cual sólo se deducirán las imposiciones de previsión y descuentos legales que correspondan.

c) Fuero maternal

Durante el período de embarazo de la trabajadora, y hasta un año luego de expirado su descanso puerperal o postnatal, gozará de fuero laboral. En tal sentido, el empleador no podrá poner término al contrato de trabajo sino con autorización del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.

d) Formalidad legal

Para hacer uso delderecho a descanso de maternidad, ya seadescanso prenatal o descanso postnatal, deberá presentarse un certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para hacer efectivos los respectivos derechos. Estos certificados deben presentarse al jefe del establecimiento, empresa, servicio o empleador.

Primeras Leyes Laborales Y Sociales

Ley De La Silla.

Según el Artículo 193 del Código del Trabajo rige en Chile hasta hoy la antigua Ley de la Silla de 1914 y es reconocida como una de las primeras leyes laborales. En ciertos lugares de atención al público debe existir un “número suficiente” de asientos para trabajadores y/o trabajadoras, cuando no estén atendiendo clientes.

En medios nacionales a comienzos de mes aparecieron declaraciones de la diputada Adriana Muñoz, quien hizo la petición por el incumplimiento de los Pronto Copec en Hora de Incidentes y señaló que la hacía extensiva a las grandes tiendas como Falabella, Almacenes Paris y Ripley, ya que dijo que estas empresas tampoco respetan la ley que da derecho al asiento en la jornada laboral.

Señaló la parlamentaria que día a día trabajadores y/o trabajadoras están ocho horas de pie, sin derecho a sentarse, aunque existe esta ley tan antigua “(...) con un propósito tan simple y justo como su nombre".

La parlamentaria indicó que la empresa Copec está en manos de empresarios españoles, por lo que preguntó en forma pública "(...) si en el país ibérico se permitiría una desregulación de derechos tan magnífica, obvia, manifiesta e injusta como la que se hace hoy en nuestro país".

La Ley de la Silla fue la primera ley sobre ergonomía, idea y palabra que no existían en el vocabulario ni en las informaciones de la salud laboral a la fecha 7 de diciembre de 1914, cuando se promulgó en Santiago y, en sus tres artículos disponía que los establecimientos comerciales deberían mantener un número suficiente de asientos para todos sus empleados y/o todas sus empleadas, estableciendo una silla cada tres personas, quienes tendrían derecho a un descanso diario de al menos una hora y media. Las municipalidades quedaron a cargo de hacer cumplir la ley y su infracción fue sancionada con una multa de diez pesos.

Si bien la “ley de la silla” obligaba a los propietarios de establecimientos comerciales a colocar sillas, varios años después de su promulgación seguía siendo un texto puramente teórico y era violada en innumerables casos en jornadas de trabajo de 12 y hasta 14 horas. El argumento del empresariado de la época para violar el derecho era que “la silla enseña a flojo al empleado” y que era mejor para la actividad comercial que los dependientes permanecieran las 12 horas de pie.

También las disposiciones de otras leyes sociales, como la que establecía las condiciones en las que se debía desarrollar el trabajo infantil en fábricas, talleres, comercio y otras empresas, eran sistemáticamente burladas mediante distintas triquiñuelas. Con todo, entre 1906 y 1917 se dictaron un conjunto de disposiciones legales, que pueden ser consideradas como el antecedente inmediato de las leyes laborales de 1924 y el Código Laboral de 1931, como el contrato de trabajo para obreros y obreras; reforma a la ley de accidentes del trabajo; seguro de enfermedad, invalidez y accidentes; conciliación y arbitraje; sindicatos; cooperativas y contrato de trabajo para empleados y empleadas.

En abril de 2004, el entonces diputado Rodolfo Seguel propuso extender la cobertura de Ley de la Silla a trabajadores y/o trabajadoras de hoteles, restoranes, cafés y clubes, ya que contemplaba la situación de descanso en almacenes, tiendas, bazares, bodegas y depósitos de mercadería. El diputado afirmó que su propuesta de actualizar la "ley de la silla" tenía como objetivo que en el país se "tome conciencia" de la necesidad de tiempos de descanso y lugares para descansar en la jornada laboral. Sus argumentos eran para reiterar la necesidad de descanso por 15 minutos cada una hora entre quienes deben permanecer de pie en su labor diaria. "Es necesario hacer una modificación para que los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan la actividad de trabajo de pie puedan tener un tiempo y un espacio para sentarse y descansar", declaró en la época.

La réplica entre empresarios no se hizo esperar y mostrando que no han cambiado sus puntos de vista, en un medio digital empresarial en octubre de 2004 señalaba en su reseña legislativa que la Ley de la Silla “(...) constituye un despropósito, que consiste en rebajar en dos horas la jornada diaria de trabajo, y con la obligación de permanecer en el lugar donde se prestan los servicios”  En poco menos de cien años, el mercado laboral se ha vuelto más complejo y aparecen nuevos temas en las relaciones entre quienes emplean y quienes trabajan siendo más difíciles de resolver, sobre todo porque esas relaciones son difusas y con reglamentaciones que no se cumplen, porque los puntos de vista nunca fueron tan diametralmente contradictorios como actualmente.

Entre los ámbitos relevantes de la vida está el empleo como inserción en la sociedad y se relaciona con la dignidad y la condición humanas. Se trata de un principio fundamental en el desarrollo de las personas que hace posible desarrollar capacidades individuales en contextos colectivos, transformando a las personas y al mundo. Puesto que el trabajo es una necesidad, también es un derecho y la legislación laboral es una herencia cultural y un recurso social a la cual todos los trabajadores y todas las trabajadoras deben tener acceso y ponerla a su disposición.

Los cambios en la economía mundial han afectado las condiciones del mercado laboral y es clara la tendencia a la precarización del empleo y a la vulnerabilidad de la condición de los trabajadores y las trabajadoras, sin embargo el conocimiento de los derechos y responsabilidades de trabajadores y trabajadoras es una herramienta fundamental para defender y exigir el cumplimiento de las leyes.

Los desafíos a la organización sindical exigen una gran cuota de disposición a formarse en derechos y con creatividad sortearlos frente a la postura de empleadores respecto de los derechos laborales, sin olvidar que también hacen parte de los problemas en el país el trabajo subcontratado, el de inmigrantes, el acoso sexual, el terrorismo psicológico laboral, los derechos laborales de las minorías, masificación del trabajo informal y del teletrabajo, entre otros temas.

Siempre es bueno, de vez en cuando, mirar atrás para ver lo que se ha conseguido, sobre todo para sopesar cuánto nos falta por poner al día.

Ley Del Contrato De Trabajo.

Las primeras normas que gestan el Derecho Laboral, son las que se refieren a la prevención de riesgos laborales.

   En España, las primeras normas laborales, en sentido estricto, aparecen, en un primer momento, como consecuencia de una actuación altruista por parte del legislador ante las desigualdades existentes en la relación laboral.  En este período, el contrato de trabajo es, en realidad, un contrato de adhesión donde el empresario impone las condiciones que más favorables son para él, mientras que el trabajador sale perjudicado. 

   Las primeras leyes están destinadas a la protección de mujeres y niños en el trabajo.  En 1873, Ley de 24 de julio, aparece la primera norma de la legislación laboral española, cuyo objeto es la regulación del trabajo de los menores y mujeres.  Sienta un serio precedente al prohibir trabajar a los menores de 10 años.  También establecía otras prohibiciones como la de los trabajos nocturnos a menores de 16 años.  Sin embargo, no existe una voluntad de regular el ámbito de las relaciones laborales, sino más bien, un afán altruista por paliar estas condiciones de trabajo tan inhumanas.

   En la época de la Revolución Industrial, no existían jornadas de trabajo establecidas y las condiciones de trabajo eran de una alta insalubridad.  Al mismo tiempo, la aparición de nuevas máquinas en las fábricas dispara la siniestralidad laboral.

   No hay intervención estatal en la regulación de las relaciones laborales, hasta la creación de estas primeras leyes.

   En 1878, aparece otra norma, Ley de 26 de julio, que regula, también, el trabajo de los menores, prohibiendo algunos trabajos a menores de 16 y 18 años: trabajos peligrosos, insalubres, de fuerza, dislocación, equilibrio y como buzos o domadores de fieras.  Dicha Ley prohibía algo muy habitual en la época, como era la actuación de menores en espectáculos circenses.  Esta norma contenía un mecanismo de persecución penal a los padres de estos niños.  A diferencia de la anterior, ésta sí tuvo cierta efectividad.

   Comienza, pues, un cambio social y surgen las reivindicaciones obreras, pasando el Gobierno a interesarse por estos problemas, pero no ya con fines altruistas, sino con el objetivo de acallar estas voces.

   Así, en 1886, se crea en nuestro país la Comisión de Reformas Sociales para regular de una forma seria las condiciones de trabajo.  Es un organismo que adquiere gran relevancia para la creación del Derecho Laboral, encargándose de estudiar las peticiones de los trabajadores.  De esta manera, surge la primera Ley de Accidentes de Trabajo de 31 de enero de 1900.  Además, se aprobaron más normas de este tipo durante la existencia de este organismo.  Dicha Ley, Introduce el concepto de indisponibilidad de los derechos del trabajador: toda cláusula contractual donde el trabajador renuncie a los derechos que el legislador le otorga, serán nula.  Asimismo, establece un listado de las consideradas incapacidades profesionales y las posibles indemnizaciones en caso de AT.

   Esta Ley tiene una gran importancia.  Por un lado, mediante ella, se crea la Teoríadel Riesgo Profesional: el riesgo es consustancial al trabajo que se realiza.  Por tanto, el empresario, o bien paga una indemnización en caso de accidente laboral, o bien protege al trabajador mediante una póliza de seguros, contratada con una aseguradora reconocida legalmente por el Estado, que cubra ese riesgo en concreto.  

   Con la Ley de Accidentes de Trabajo de 1932, el seguro, que hasta ese momento era de carácter voluntario, se vuelve obligatorio.

   El concepto de Accidente de Trabajo, recogido en la Ley de 1900, es un concepto que sigue vigente hasta nuestros días, al igual que el de Recargo de Prestaciones(naturaleza sancionadora y reparadora al mismo tiempo).

   En 1900, se crea una Orden, la primera norma preventiva en sentido estricto, ya que las anteriores son normas preventivas indirectas.

   Hasta la dictadura franquista, no existen normas preventivas en sentido estricto, sino reparadoras.  La primera, en este sentido, es la creada en 1940.

   En 1900, única excepción a esta afirmación, surge un catálogo de medidas preventivas, pero sin valor normativo.  Era una Orden Ministerial, Catálogo de mecanismos preventivos, donde el legislador se limitaba a exponer una simple enumeración de dichos mecanismos, sin vincular, en ningún momento, al empresario.  No obligaba a éste, ni establecía normas de utilización, era meramente descriptivo.

   Después de la Ley de 1900, surge otra norma importante.  En 1906, se crea elReglamento de la inspección de Trabajo.  Es una norma decisiva, ya que se había concluido que toda la normativa anterior no había tenido una utilidad práctica, al no crear un mecanismo coercitivo para su cumplimiento.  Por ello, se crea la Inspección de Trabajo, cuya función principal es la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Accidentes de trabajo de 1900.  A partir de aquí, se puede hablar de Derecho del Trabajo, en sentido amplio y estricto.

   En 1912, se aprueba la Ley de la Silla, norma con la que se comienza a regular la obligación, en los establecimientos no fabriles, de los empresarios de conceder una silla a las trabajadoras durante el desarrollo de la actividad laboral.  Es la primera Ley que introduce el Principio de adecuación al trabajo.  Años más tarde, este derecho será extendido a los varones.

   En 1922, surge la norma que sustituiría a la Ley de Accidentes de trabajo de 1900.  Aglutina a esta última e introduce una matización del concepto de Accidente de Trabajo: la imprudencia profesional como causa de Accidente de trabajo protegida por el Ordenamiento.  Dos circunstancias romperían el nexo de causalidad, que harían que el Accidente de Trabajo no fuera considerado como tal:

• La actitud dolosa o imprudencia temeraria.

• La fuerza mayor.

   Con la dictadura de Primo de Rivera, se sigue manteniendo el talante reparador de la normativa laboral en materia de riesgos laborales.  Hasta este período, no existía en nuestro país una regulación seria, que fijase las condiciones de trabajo.

   Se crea el Código de Trabajo de 1926, donde se recopilan y fijan las condiciones de trabajo.  Además, aglutina la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922.  Al hablar en ella de prevención, se refiere sólo a la reparación del Accidente de Trabajo. 

   Por tanto, Primo de Rivera no aporta ninguna novedad legislativa significativa a la materia en Prevención de Riesgos Laborales.

   Con la II República, se da un pequeño cambio en la reparación del Accidente de Trabajo, mejorando más el panorama de las relaciones laborales.
   Se aprueba el precedente de lo que hoy es el Estatuto de los Trabajadores : la primera Ley del Contrato de Trabajo de 1931. 

   Le sigue la Ley del Contrato de Trabajo de 1944, ya en la etapa franquista.

   Durante la II República, se dan dos circunstancias significativas :

• Se aprueba la Ley de Seguro Obligatorio de Trabajo (hasta ese momento era voluntario)de 4 de julio de 1932.

• Ley de 13 de julio de 1936, donde se obliga a asegurar al trabajador ante la Enfermedad Profesional.

   Todas estas Leyes seguían teniendo un carácter profundamente reparador.

   Hasta la etapa franquista, el legislador se centra en el momento que ya se ha producido el daño: carácter reparador.

   Con la dictadura franquista, se crea el Fuero del Trabajo en 1938, que es, básicamente una proclama de principios (empapada en los valores fascistas) sobre las directrices a seguir en materia sociolaboral.  Se advierte en ella, una preocupación laboral y social por la figura del trabajador.

   Se crea, por primera vez en la historia de la legislación española, una norma de carácter preventivo en el Derecho Laboral: Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1940.  Recoge de manera sistemática y rigurosa medidas preventivas y de higiene en la empresa.  Su objetivo es proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que puedan poner en peligro su vida y salud.  Este es el fin de una norma preventiva y ya así lo definía el legislador en este período.

   Otras normas de esta etapa son las Ordenanzas Laborales.  Es un segundo nombre de la Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 1942.  En ellas, se regulan, sectorialmente, las condiciones de trabajo.  La denominación como Ordenanzas Laborales la recibe en la década de los ’70.  Se encargan de regular aspectos como el salario, la jornada laboral, las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, etc.

   Sin embargo, hoy día, la negociación colectiva ha ido desplazando a las Ordenanzas Laborales, aunque algunas continúan vigentes.

   En 1944, se crea, también, la Ley de Contrato de Trabajo, como ya hemos indicado anteriormente.

   El Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones, que regirán en el contrato de trabajo.  Una, expresamente regulada, es aquella que expone, que el empresario vigilará la seguridad de sus trabajadores.  En el ámbito privado (contrato de trabajo), no se contemplaba el derecho del trabajador a estar protegido durante la prestación, hasta la creación del Estatuto de los trabajadores en 1980.

   Por tanto, volviendo al período franquista en España y como decíamos, es palpable la preocupación social (siempre dentro del contexto de falta de libertades) por el trabajador, con un carácter preventivo.  Así, aparece el Decreto de 26 de julio de 1957.  Aquí, la mujer y los menores son los colectivos objeto de la mencionada norma.  Ambos eran denominados como media fuerza de trabajo.  Con esta norma se busaca protegerlos, prohibiéndoles realizar algunos tipos de trabajo en relación a la nocividad, insalubridad, etc. (minería, industria del caucho, del papel, etc).

   La particularidad de dicho Decreto reside en la continuidad de su aplicación hasta nuestros días, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en 1992, lo declaró anticonstitucional.  No se deroga expresamente hasta 1995, pero sólo en atención al colectivo femenino, para los menores sigue vigente.  Desde hace unos años, se espera un Real Decreto que aplique una nueva regulación en esta materia, derogando ya en su totalidad el Decreto anterior de 1957.

   La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ha sufrido ya 4 modificaciones de gran envergadura desde su creación.

El salitre

En la década de 1880, Chile triunfó en la Guerra del Pacífico e incorporó a su territorio las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En ellas se encontraba el desierto de Atacama, una de cuyas riquezas mineras, el salitre, haría del país el principal productor mundial de ese abono natural. En la pampa, se encontraban yacimientos de enorme extensión, una elevada ley del mineral y de relativa accesibilidad, que le dieron al país un monopolio natural por cuatro décadas.

Los primeros antecedentes de la explotación del salitre se remontan al mundo colonial, en el que los españoles lo emplearon para fabricar pólvora. Al iniciarse el siglo XIX, el salitre tarapaqueño comenzó a ser conocido en Europa por sus bondades agrícolas (fertilizantes) e industriales (pólvora). Al mismo tiempo, exploradores y empresarios chilenos descubrían y echaban andar la explotación del salitre en el salar del Carmen, a 20 kilómetros de la futura Antofagasta, a través de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta S.A.

En posesión de los territorios, el gobierno chileno resolvió dejar en manos privadas la explotación del salitre, pero el Estado aplicó un elevado impuesto de exportación que le reportaba enormes recursos. Los empresarios favorecidos por la “reprivatización” de las oficinas salitreras, fueron mayoritariamente ingleses, entre los que destacó John Thomas North, llamado en la época el "Rey del Salitre", como demostración del dominio británico sobre el salitre en Chile.

La explotación del salitre se caracterizó por su orientación pre-moderna basada en unidades productivas dispersas y de baja tecnología; asimismo la técnica de elaboración del salitre, fue variando hasta que se consolidó un sistema llamado Shanks. Sólo a fines de los años veinte surgió una modernización de la industria con el sistema Guggenheim en las oficinas de las salitreras María Elena y Pedro de Valdivia.

Una de las consecuencias de este particular sistema productivo fue la formación de numerosos centros poblados en la pampa salitrera y en los puertos vecinos, así como también la instalación de una extensa red de ferrocarriles. Igualmente, el crecimiento de la población radicada en las localidades y oficinas del interior y en puertos y caletas de la costa, se produjo rápidamente, a causa de la migración de hombres y mujeres al norte grande en busca de oportunidades de progreso.

Vista la comercialización del salitre en forma dinámica, se observa un proceso de expansión progresiva de la producción hasta fines de la Primera Guerra Mundial: de 500 mil toneladas, en la década de 1880, se llega durante los años del conflicto bélico a bordear los 3 millones de toneladas de producción anual. Concluida la guerra, comenzó la crisis de la industria salitrera producto de la competencia del salitre sintético, que obligó a una fuerte campaña publicitaria del salitre natural. Sin embargo, no impidió que disminuyera la producción salitrera a un promedio de un millón y medio de toneladas anuales entre los años 1920-1927, para volver a alcanzar elevadas cifras en 1928-1929 y caer violentamente en la crisis de los años treinta.

El auge del salitre y el desarrollo económico y social del país estuvieron asociados desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, manifestándose en la expansión del comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal. Asimismo, contribuyó al surgimiento de un proletariado industrial y una incipiente clase media. En definitiva, fue la base para un conjunto de transformaciones sociales y políticas que cambiarían el país en el siglo XX.

Crisis del Salitre
Durante los primeros años del siglo XX, la minería y principalmente el salitre continuaron siendo la fuente más importante de entradas. La demanda de salitre y cobre fueron creciendo hasta la Primer Guerra Mundial. El término de la guerra y la creación de salitre sintético por los alemanes significaron el comienzo de una baja sistemática de la demanda de este producto chileno  Se produjo así la primera desvalorización de la moneda.
La demanda por salitre disminuyó. La población que trabajaba en la pampa salitrera debió afrontar la cesantía de miles de obreros.

Problemas Económicos & sociales

El surgimiento de los barrios marginales Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con factores macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a experimentar el sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y el cobre, en detrimento de los productos señalados. Para la explotación del salitre, la población empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos del norte grande: las oficinas salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle central iniciaron un proceso de expansión y modernización, para cultivar sus tierras a costa de los pequeños y medianos productores, que fueron expulsados o empeoraron sus ya precarias condiciones de vida. Ambos fenómenos de transformación económica, provocaron un crecimiento de la inversión extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la acumulación de capital expandiera el mercado interno. De esta forma, el Estado incrementó su tamaño y funciones y, a principios del siglo XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas provincias. La acumulación capitalista, sin embargo, se concentró sólo en los grandes centros urbanos -fundamentalmente Santiago-, por lo que éstos fueron creciendo a una tasa más elevada que el resto del país. Fue así como su demanda por mano de obra calificada para nuevos servicios, los transformó en polo de atracción laboral en actividades tales como la construcción de obras públicas, el servicio doméstico, el empleo público y el servicio militar. Este fenómeno, asociado al surgimiento de economías de escala, fomentó un aumento de la especialización productiva, que muchos migrantes apreciaron como una gran oportunidad laboral. Se desarrolló así una migración heterogénea y fluctuante, en la que las ciudades de pequeño o mediano tamaño fueron escala necesaria para los desplazamientos. Esto provocó, sobre todo en la capital del país, un fenómeno de sobrepoblación y saturación de la infraestructura urbana, surgiendo el problema del acceso a viviendas dignas. Buscando remediar este problema, en 1939, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), base de un programa estatal de industrialización para la sustitución de importaciones. No obstante, el costo político de la creación de CORFO fue mantener inmutable la legislación sindical en el agro, por lo que las condiciones de vida de los campesinos, el principal grupo atraído por la migración, continuaron tan desmejoradas como en el pasado. Además, las motivaciones de este sector social no eran una cuestión fácil de determinar. En efecto, muchos emigraron por falta de trabajo o poca capacitación laboral; mientras otros, por una búsqueda de ascenso social, y para asimilar los valores urbanos. En consecuencia, la migración campo ciudad se mantuvo en ascenso durante la década de 1950, provocando en la capital las primeras tomas ilegales de terreno, origen a su vez de los barrios marginales. el movimiento popular en el siglo XX El movimiento social en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente relacionado con las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, y fue a partir de estas luchas que se constituyó en un actor de la vida política con una identidad ideológica definida. En Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un período de prosperidad económica que se prolongó hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que afectaba a parte importante de la población. Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento social, surgieron en los centros mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales, sus organizaciones. Luego, con la transformación de las mutuales en mancomunales o sociedades de resistencia, el surgimiento de partidos políticos obreros y la aparición de líderes sindicales, se inició una etapa caracterizada por un mayor contenido ideológico que radicalizó los postulados del movimiento. En 1910, ya había más de 400 organizaciones mutualistas y un número creciente de sindicatos de trabajadores de la metalurgia, de empleados ferroviarios y tipógrafos, entre otros. La celebración del 1 de mayo (día mundial del trabajador) fue, año a año, creciendo en convocatoria popular, para llegar a reunir, en 1907, a más de 30 mil personas en las calles de Santiago. Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas por parte de las autoridades, provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga portuaria de Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, en Santiago, el año 1905, y lamasacre de la escuela Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras gestas reivindicativas del movimiento social chileno. En ellas hubo participación no sólo de obreros y artesanos, sino también de sus mujeres e hijos. Sin embargo, la masacre producida en Iquique frenó esta ola de huelgas. En 1909, se fundó la Federación Obrera de Chile (FOCH) y en 1912, nació el Partido Obrero Socialista (POS), liderado por Luis Emilio Recabarren, con lo que el movimiento social adquirió mayor consistencia ideológica. Las primeras reivindicaciones logradas por el movimiento social fueron: el derecho al descanso dominical, mejoras en las viviendas obreras y la Ley de Accidentes del Trabajo. Más tarde, el alto costo de la vida motivó la organización de la Asamblea Obrera de la Alimentación que convocó a las marchas del hambre en Santiago, en los años 1918 y 1919. Después de 1917, los sindicatos obreros gozaron de un rápido crecimiento, registrándose unas ciento treinta huelgas entre 1917 y 1920, a lo largo de todo Chile. En la región de Magallanes se produjo una gran huelga y los estudiantes universitarios, a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), asumieron un rol activo, desde 1920, en las luchas reivindicativas de la clase trabajadora. Por esos años, también comienza la incorporación del campesinado en el movimiento social chileno, que llegó en la década de 1930 a sus años de esplendor.